Con fecha 20 de julio de 2023, la Contraloría emitió el Dictamen NºE370752 de 2023, mediante el cual se pronuncia sobre diversas medidas para disminuir los posibles riesgos de corrupción en materia de compras públicas.

En particular, advierte que diferentes normas que aplican a los procesos de contratación pública exigen que los proveedores que contraten con Órganos de la Administración del Estado deben demostrar que han tenido un comportamiento íntegro.

En este contexto, agrega que algunas entidades públicas han incorporado en los contratos correspondientes cláusulas que contienen pactos de integridad, pero no se tiene certeza si el contenido de estas cláusulas ha sido comunicado y observado por los trabajadores.

En consideración de lo anterior, la Contraloría señala que es procedente que, en las normas de evaluación de las bases de una licitación, se incluya un criterio referido a si los proveedores oferentes cuentan con programas de integridad o compliance que sean conocidos por sus trabajadores. Tratándose de los tratos directos, indica que estas materias deben ser incluidas en las cláusulas del contrato.

Esta alerta legal fue preparada por el equipo de Compliance Bofill Mir Abogados con fines informativos generales y no debe ser considerada como asesoría legal.

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